La publicación de la resolución pone de manifiesto una manera de actuar cada vez más autoritaria y amenazante por parte del Ministerio de Sanidad hacia las Comunidades Autónomas y una contradicción fundamental en la legitimación de las medidas adoptadas, pues carecen del consenso necesario.

La labor del consejo interterritorial es promulgar «acciones coordinadas», establecidas bajo consensos. Sin embargo, las Comunidades Autónomas de Cataluña, Galicia, Andalucía, Madrid y Región de Murcia han formulado voto particular negativo a este acuerdo. La Comunidad Autónoma de Castilla y León y la Ciudad Autónoma de Melilla han formulado voto particular de abstención a este acuerdo y la Comunidad Autónoma del País Vasco no ha participado en la votación. Por tanto, a la vista de los resultados se tergiversa el concepto de consenso como “acuerdo o conformidad en algo de todas las personas que pertenecen a una colectividad”, nada que ver con lo ocurrido el jueves en el consejo interterritorial.

En la práctica, esta resolución avoca a una guerra con las CCAA, invadiendo competencias que el gobierno central decidió dejar de ejercer hace un mes, cuando argumentó con convicción la conveniencia de finalizar el estado de alarma para que cada comunidad autónoma ejerciese de nuevo sus competencias plenas.

Por ello, esta resolución, incoherente y deslegitimada, sólo cabe interpretarse a la luz de la búsqueda de confrontación, especialmente significada contra la comunidad de Madrid. Eso es lo que alimenta los intereses partidistas, aunque desvirtúe la gestión política y lesione gravemente los intereses de los ciudadanos, como es el caso.

Mientras tanto, el Consejo Interterritorial calla sobre el desconcierto de la vacunación con las segundas dosis de AstraZeneca, la aceleración del proceso de vacunación, la
omisión de las recomendaciones de la Unión Europea sobre la necesidad de implementar la vacunación de sectores laborales esenciales y expuestos, como son los transportes, el comercio o el turismo. Tampoco se señala nada sobre cuándo podrán dejarse de usar las mascarillas en la playa o al aire libre…. que sí son asuntos que preocupan a los ciudadanos españoles, a los que les sobra la política del desconcierto y la imposición arbitraria.

Además de la desorientación general, la resolución contribuirá sin duda al preocupante pero inevitable aumento de la litigación y, sobre la impugnación de acuerdos, creemos que los directamente autorizados son los gobiernos autonómicos. Ya hay anuncio formal, al menos de la comunidad de Madrid, cuyo Consejero de Justicia ha asegurado que están trabajando ya en la impugnación.
Aunque la vía judicial no es nunca la deseable, confiamos en que los tribunales consideren de nuevo injustificadas y desproporcionadas las medidas adoptadas, además de una extralimitación de las competencias por parte del consejo interterritorial.

De nuevo una gestión política errática y desacertada contribuirá en la saturación de servicios esenciales para los ciudadanos y que podría evitarse. Quizás no solo en el ámbito de la justica, sino también en el de la seguridad ciudadana, donde de nuevo es previsible otra ración de desconcierto; ¿quién realizará el seguimiento de la aplicación de estas medidas? ¿Las policías nacionales, locales, autonómicas…?.

En Hostelería de España, y desde el seno del Consejo de Turismo de CEOE, hemos trasladado con empatía, pero también con rigor y responsabilidad, medidas útiles para la recuperación de un sector vital para la economía de España y que contribuye al bienestar ciudadano. Sin embargo, desde el Gobierno de España, se nos sigue situando en el centro de un falso debate sanitario, técnicamente discutible y, en cualquier caso, muy debilitado en la situación epidemiológica actual.

Esta “obsesión” no se puede interpretar desde el razonamiento sanitario, sino más bien desde la generación artificial de nuevas polémicas que desvíen la atención sobre asuntos que sí preocupan a los ciudadanos y especialmente al sector de la hostelería; la movilidad de los ciudadanos vacunados, la oportunidad perdida de las ayudas al turismo impulsadas por la UE, la “estafa” de las ayudas directas, etc.